Las hermanas Garrido, condenadas por el 11J, se 'plantan' y exigen su libertad

Un menor excarcelado en mayo volverá a prisión para cumplir una condena en un campo de trabajo

La madre de un preso condenado a 30 años por sedición pide ayuda a la ONU para su liberación

La decisión puede acarrearles a las tres jóvenes una represalia adicional por parte de las autoridades: el aislamiento. (Collage)
La decisión puede acarrearles a las tres jóvenes una represalia adicional por parte de las autoridades: el aislamiento. (Collage)

La escritora Maria Cristina Garrido, su hermana Angélica y la activista Lizandra Góngora, detenidas por su participación en las protestas del 11J, anunciaron este martes su negativa a vestir el uniforme de preso común y declararon el comienzo de una huelga de hambre.

Las reclusas firmaron una nota desde el penal de mujeres en Guatao, La Habana, en la cual exigieron su libertad y recordaron "la mala salud que las tres presentamos". Añadieron que, por esa misma causa, sus vidas se encuentran en riesgo, y que si algo les sucediera "toda la justicia caerá sobre sus represores". Concluye la nota con un "saludo de resistencia desde esta sombra fría".

Luis Pérez Rodríguez, esposo de Angélica, precisó a 14ymedio que las tres jóvenes se encuentran "plantadas", y que se han negado a recibir los alimentos del establecimiento penal. La dificultad, explica el hombre, es que esta decisión puede acarrearles una represalia adicional por parte de las autoridades.

Podrían aislarlas durante más de una semana, lo cual significa que sus familiares no podrán llevarles alimentos ni ayudas. "O sea, serían diez días de huelga total de hambre", dice Pérez Rodríguez.

Las tres mujeres no han sido las únicas en padecer la rigidez del régimen con los detenidos tras el 11J. Rowland Jesús Castillo, uno de los menores procesados por su participación en las protestas, ha recibido, súbitamente, un endurecimiento de su condena.

Rowland Castillo es uno de los "niños del 11J", acusado del delito de sedición, una de las figuras más severas del Código Penal cubano que utilizan las autoridades para procesar a los detenidos en las manifestaciones

Según denunció la activista Carolina Barrero, el joven, que había sido  excarcelado el pasado mayo para cumplir su condena en un campo de trabajo, volverá a prisión el próximo 6 de octubre.

La Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de La Habana, detalla Barrero, determinó que Castillo ingrese ese día en la prisión Jóvenes de Occidente, tras modificar su sanción a "correccional con internamiento". En ese lugar, donde se encuentran muchos de los manifestantes del 11J, deberá permanecer cinco años.

Rowland Castillo es uno de los "niños del 11J", acusado del delito de sedición, una de las figuras más severas del Código Penal cubano que utilizan las autoridades para procesar a los detenidos en las manifestaciones. Desde su arresto, su madre, Yudinela Castro Pérez, ha defendido su inocencia con ahínco. El pasado marzo, la mujer, que además padece leucemia, tuvo que ser hospitalizada por por un intento de suicidio.

El joven fue condenado en un principio a 18 años de prisión, pero después, en mayo pasado, fue excarcelado junto a otros detenidos. Por pedir su libertad, su padre, Ángel Rolando Castillo Sánchez, fue sentenciado a dos años de cárcel en un juicio exprés.

"Prisión, trabajo forzado y adoctrinamiento, así castiga el régimen la voluntad de cambio democrático de los jóvenes, ampliamente expresada en las protestas de 2021 y 2022"

En el requerimiento del tribunal enviado a Rowland Castillo se informa que desempeñará labores en agricultura y alojamiento en un campamento, por lo que le ordena llevar algunos utensilios como toalla, sábana, un cubo y ropa apropiada, "con vista a que se garantice sus mejores condiciones de vida ya que el centro no se las puede facilitar".

"Prisión, trabajo forzado y adoctrinamiento, así castiga el régimen la voluntad de cambio democrático de los jóvenes, ampliamente expresada en las protestas de 2021 y 2022", apostilló Carolina Barrero en su publicación.

Entre tanto, Estelvina Rodríguez, madre de otro preso del 11J, Dayron Martín Rodríguez, diagnosticado como paciente esquizofrénico, ha exigido su liberación ante las Naciones Unidas.

En  video compartido este lunes por la ONG Freedom House para presentarlo ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, Estelvina Rodríguez recordó que Dayron fue "uno de los tantos jóvenes que salieron pacíficamente a protestar en La Habana para exigir libertad, un cambio de gobierno y mejoras económicas" aquel 11J. Por ello, el régimen lo acusó de atentar contra la seguridad del Estado.

"La vida de mi hijo corre peligro, por ser un paciente esquizofrénico que estuvo ingresado previamente en un sanatorio mental por intento de suicidio"

Los tribunales impusieron a Martín Rodríguez una de las mayores penas por su participación en las manifestaciones en la emblemática esquina de Toyo, en La Habana, nada menos que 30 años de cárcel. De nada sirvieron las súplicas de su madre por el riesgo que corría el joven debido a su enfermedad.

"La vida de mi hijo corre peligro, por ser un paciente esquizofrénico que estuvo ingresado previamente en un sanatorio mental por intento de suicidio", dijo Rodríguez en su intervención este lunes.

Y agregó: "Él necesita ser liberado, pues es inocente. Al menos imploramos que sea trasladado a un centro médico con las condiciones que garanticen su salud. Nos preocupa que en la cárcel pueda atentar contra su vida debido a su condición mental".

Rodríguez destacó que Dayron no cuenta con las condiciones ni la medicación adecuada para atender su padecimiento, e insistió: "Imploro a este comité de Naciones Unidas que interpele al Gobierno cubano por el estado de salud de mi hijo y que comience una investigación sobre las verdaderas causas de su detención".

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